Fue por administración fraudulenta, pero la absolvieron por asociación ilícita. La penaron a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No irá presa y podría ser candidata hasta que la sentencia esté firme.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 condenó este martes a la vicepresidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la concesión de obras públicas en Santa Cruz, luego de tres años y medio de debate judicial en Comodoro Py. A su vez, la expresidenta fue absuelta por la acusación de liderar una asociación ilícita.
Así lo determinó la sentencia de los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, en un caso que tuvo además como imputados al empresario Lázaro Báez, quien también fue condenado a la pena de 6 años de prisión por "administración fraudulenta".
La lectura del veredicto, que se realizó por videoconferencia para todas las partes y con la presencia en el tribunal de los tres jueces, fue realizada por el magistrado Gorini.
A pesar de que este martes por la tarde se conoció el veredicto, los jueces disponen de un período de 40 días hábiles para dar a conocer sus argumentos, lo que -tomando en cuenta la proximidad de la feria judicial de enero- estira los plazos al primer trimestre del año próximo.
El pasado 22 de agosto los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner y que sea inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos.
Si bien la Vicepresidenta fue declarada culpable, no habrá consecuencias jurídicas inmediatas para la exmandataria, dado que cuenta con fueros por su cargo público y segundo porque para que el fallo sea de cumplimiento efectivo debe quedar firme la condena.
En total, sumaron 13 los acusados por dos delitos: asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por un monto superior a los 5.321 millones de pesos.
El juicio, que investigó el período investigado que va de 2003 a 2015, comenzó en mayo de 2019 y celebró casi un millar de horas de audiencias, que tuvieron su etapa más resonante con los alegatos de la fiscalía y las defensas.
La exmandataria fue acusada de liderar una banda delictiva que favorecía a Báez con la concesión de obras públicas en Santa Cruz, durante el período investigado.
