En uno de los artículos se incorpora la sanción a las acciones atemorizantes o amenazantes para la propiedad pública y privada. El Frente de Izquierda y algunos radicales votaron en contra.
Debido a los recientes intentos de robos y robos masivos en el país, la Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles por mayoría una modificación del Código de Convivencia, que apunta a la prevención y a endurecer las penas para quienes infrinjan la ley.
La iniciativa del oficialismo (Hacemos por Córdoba) se aprobó con 55 votos a favor y 11 en contra.
En uno de los artículos se incorporó dos figuras: acciones atemorizantes para la ciudadanía o amenazantes para la propiedad pública y privada.
Francisco Fortuna, presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba, dijo a Cadena 3: “Se trata de tipificar una nueva sanción dentro del Código de Faltas que atiende a los eventos que se han venido produciendo en el país y en la provincia y tiene que ver con actitudes amenazantes y atemorizantes de tres o más personas que generen incertidumbre en la comunidad”.
"Las faltas se sancionan de manera más importante: 20 días de trabajo comunitario, 30 unidades de multa o 15 días de arresto, que se pueden ver agravadas en el caso que haya situaciones en que se incite personas a través de las redes sociales o a menores de edad, y también cuando se haga ostentación de los botines que se obtengan de estas acciones y eso duplica la sanción o la pena", describió.
"Y el cuarto motivo para aumentar la pena es cuando lo hacen a través de motos y contempla también la acción de motochorros y las conocidas hordas como se dio en Río Cuarto", amplió.
Asimismo, Fortuna precisó que la reforma entrará en vigencia inmediatamente luego que la promulgue el Poder Ejecutivo de la Provincia. "Lo que se busca es dar operatividad a las sanciones que pueden aplicarlas los jueces de paz o las fuerzas de seguridad. Y en el caso que las fuerzas de seguridad que logren disuadir alguna aglomeración no hay ninguna sanción", detalló.
Y advirtió: "Las autoridades de aplicación son los jueces de paz, ayudantes de fiscales y Juzgados de Faltas, y las fuerzas de seguridad pueden incautar vehículos o elementos producto del delito".
Por su parte, la legisladora Luciana Echevarría del Frente de Izquierda Unida, explicó su rechazo a la propuesta: “Es una reforma inconsulta, sin debate, nos enteramos por los medios, es un Código de Convivencia con el que estamos en contra porque es punitivo y está en manos de una Policía que ya sabemos lo que hace, e incorpora figuras discrecionales y ambiguas que son para reprimir a los sectores más vulnerables”.
En tanto, Dante Rossi, del radicalismo, que también votó en contra, aseguró: “Es marketing, puro humo, se puede aplicar el Código Penal donde hay una pena mínima de tres años no excarcelable”.
Contrariamente, el presidente del bloque de la UCR Juan Jure, quien acompañó la reforma, argumentó: “La discusión está dada más por las formas, algunos pensamos que hay una legitimidad por parte del Gobierno, y que si el Gobierno está convencido que esto es una herramienta en una situación de emergencia como la que estamos viviendo entendemos que debemos darle esta herramienta al Ejecutivo y al Gobierno provincial”.
En diálogo con Cadena 3, el legislador de Hacemos por Córdoba, Leonardo Limia, dijo que "es una clara decisión política de trabajar en las situaciones que se viven en la provincia" y que reforma es una "herramienta que va a permitir trabajar de manera más organizada".
"Es una herramienta para que el procedimiento se lleve a cabo en las situaciones de estos últimos días", manifestó.
Francisco Fortuna, presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba, dijo a Cadena 3: “Se trata de tipificar una nueva sanción dentro del Código de Faltas que atiende a los eventos que se han venido produciendo en el país y en la provincia y tiene que ver con actitudes amenazantes y atemorizantes de tres o más personas que generen incertidumbre en la comunidad”.
"Las faltas se sancionan de manera más importante: 20 días de trabajo comunitario, 30 unidades de multa o 15 días de arresto, que se pueden ver agravadas en el caso que haya situaciones en que se incite personas a través de las redes sociales o a menores de edad, y también cuando se haga ostentación de los botines que se obtengan de estas acciones y eso duplica la sanción o la pena", describió.
"Y el cuarto motivo para aumentar la pena es cuando lo hacen a través de motos y contempla también la acción de motochorros y las conocidas hordas como se dio en Río Cuarto", amplió.
Asimismo, Fortuna precisó que la reforma entrará en vigencia inmediatamente luego que la promulgue el Poder Ejecutivo de la Provincia. "Lo que se busca es dar operatividad a las sanciones que pueden aplicarlas los jueces de paz o las fuerzas de seguridad. Y en el caso que las fuerzas de seguridad que logren disuadir alguna aglomeración no hay ninguna sanción", detalló.
Y advirtió: "Las autoridades de aplicación son los jueces de paz, ayudantes de fiscales y Juzgados de Faltas, y las fuerzas de seguridad pueden incautar vehículos o elementos producto del delito".
Por su parte, la legisladora Luciana Echevarría del Frente de Izquierda Unida, explicó su rechazo a la propuesta: “Es una reforma inconsulta, sin debate, nos enteramos por los medios, es un Código de Convivencia con el que estamos en contra porque es punitivo y está en manos de una Policía que ya sabemos lo que hace, e incorpora figuras discrecionales y ambiguas que son para reprimir a los sectores más vulnerables”.
En tanto, Dante Rossi, del radicalismo, que también votó en contra, aseguró: “Es marketing, puro humo, se puede aplicar el Código Penal donde hay una pena mínima de tres años no excarcelable”.
Contrariamente, el presidente del bloque de la UCR Juan Jure, quien acompañó la reforma, argumentó: “La discusión está dada más por las formas, algunos pensamos que hay una legitimidad por parte del Gobierno, y que si el Gobierno está convencido que esto es una herramienta en una situación de emergencia como la que estamos viviendo entendemos que debemos darle esta herramienta al Ejecutivo y al Gobierno provincial”.
En diálogo con Cadena 3, el legislador de Hacemos por Córdoba, Leonardo Limia, dijo que "es una clara decisión política de trabajar en las situaciones que se viven en la provincia" y que reforma es una "herramienta que va a permitir trabajar de manera más organizada".
"Es una herramienta para que el procedimiento se lleve a cabo en las situaciones de estos últimos días", manifestó.
